Juan Grabois, referente del Frente Patria Grande y excandidato presidencial, ha salido al paso de las acusaciones que lo vinculan con el supuesto manejo irregular de un fondo millonario destinado a obras sociales. En una publicación reciente en su cuenta de X, Grabois se defendió argumentando que la “caja” que se le atribuye es mucho más pequeña que la que utilizará cuando se lleve a cabo lo que él llama “la revolución de las 3T (tierra, techo y trabajo)”.
El dirigente social explicó que su propuesta incluye la erradicación del hacinamiento, la urbanización de los barrios populares y la creación de un millón de terrenos familiares con servicios destinados a viviendas y quintas productivas. Este plan, que estima en aproximadamente 24.000 millones de dólares en total, también contempla unos 15.000 millones adicionales en crédito hipotecario blando para vivienda semilla. Grabois afirmó que, cuando llegue al poder, cada argentino tendrá acceso a un terreno y un crédito para construir, financiado con recursos provenientes de la evasión de impuestos, el contrabando y otras prácticas ilegales.
Las acusaciones contra Grabois surgen en el contexto de una auditoría que el gobierno de Javier Milei está llevando a cabo sobre los fondos manejados por la dirigente Fernanda Miño, quien tiene vínculos con Grabois, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat durante la gestión de Alberto Fernández. Esta auditoría se centra en el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), financiado con el 9 por ciento del impuesto PAIS.
