Durante el mes de enero, el Gobierno argentino implementó medidas que redujeron drásticamente las transferencias discrecionales a las provincias y disminuyeron los subsidios a las empresas de transporte de pasajeros a nivel nacional, lo que generó un fuerte rechazo por parte de gobernadores e intendentes. El anuncio de estas medidas, que se suman a la frustración por la no aprobación de la ley “Bases”, fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien destacó la necesidad de priorizar la ayuda directa a los sectores más vulnerables.
La reducción de las transferencias discrecionales, que representan el 5,5% de los ingresos totales de las provincias, busca dar transparencia al sistema y eliminar prácticas políticas poco claras, según indicó Adorni. Esta medida se suma a la disminución del subsidio al transporte público, que ahora se dirigirá de manera directa a los usuarios más necesitados a través del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Sin embargo, estas decisiones han generado una serie de críticas por parte de gobernadores y intendentes, quienes ven afectadas las finanzas y los servicios esenciales en sus jurisdicciones.
Las reacciones negativas no se han hecho esperar. Gobernadores de diversas provincias, como Mendoza, Santa Fe y La Pampa, han manifestado su preocupación y rechazo a estas medidas, argumentando que generan asimetrías y afectan directamente a los ciudadanos. Intendentes de ciudades importantes también han expresado su descontento y han anunciado medidas políticas y judiciales para revertir la situación. Ante este escenario de tensión entre el Gobierno nacional y las provincias, se espera una serie de acciones y negociaciones para buscar soluciones que satisfagan a todas las partes involucradas.
