El Frente de Todos se encuentra en la búsqueda de al menos cuatro legisladores dispuestos a sumar su apoyo para formar quórum y así iniciar una sesión especial en el Senado el próximo jueves. El objetivo de la sesión sería rechazar el DNU 70/23, un controvertido decreto de desregulación económica que propone un “plan de estabilización de shock”, derogando múltiples leyes y normativas, con un enfoque claro hacia la privatización de empresas públicas. A pesar de que el FdT es la primera minoría en la Cámara alta con 33 bancas, necesitará obtener el apoyo de bloques minoritarios para alcanzar el quórum necesario.
El interbloque liderado por José Mayans, senador formoseño, solicitó a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, que convoque la sesión especial para el 1 de febrero a las 14 horas. La estrategia del Frente de Todos implica atraer al menos a cuatro legisladores de bloques minoritarios, como los peronistas disidentes de Cambio Federal o aquellos vinculados a gobernadores de partidos provinciales que integran Unidad Federal.
Sin embargo, la disposición de los bloques minoritarios para prestar el quórum está en duda, ya que algunos han manifestado su desacuerdo con el DNU pero condicionan su postura a lo que ocurra con el proyecto de ley “Bases” que se debatirá en la Cámara de Diputados la próxima semana. Este proyecto contiene artículos que podrían afectar la economía de sus regiones.
Desde distintas oficinas, legisladores como Alejandra Vigo de Córdoba, Edgardo Kueider de Entre Ríos, y Mónica Silva de Juntos Somos Río Negro, han expresado sus posturas en desacuerdo con el kirchnerismo o han planteado la necesidad de la intervención de la Corte Suprema en el asunto.
Aunque la sesión especial aún no ha sido convocada, el senador Mayans destacó la urgencia de tratar el DNU en el Congreso, apuntando a la necesidad de rechazarlo en respuesta a las demandas expresadas por el pueblo argentino durante recientes manifestaciones. De acuerdo con la legislación vigente, si ambas Cámaras del Parlamento rechazan los Decretos de Necesidad y Urgencia, como es el caso del DNU 70/23, serán derogados.
