En una decisión que resuena en el ámbito judicial y político, la jueza laboral de feria, Liliana Rodríguez Fernández, declaró la invalidez de seis artículos del polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que promovía la desregulación económica impulsada por el gobierno de Javier Milei. La resolución se dio en el marco de la acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que también lideró una huelga nacional contra el mencionado DNU y el proyecto de Ley Bases.
La jueza Rodríguez Fernández hizo lugar parcialmente a la acción de amparo de la CGT, focalizando su decisión en la invalidez de los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97 del DNU 70/2023. No obstante, aclaró que la validez formal persistirá si ambas Cámaras ratifican estos artículos durante las sesiones extraordinarias en curso. La magistrada fundamentó su decisión en la afectación directa de los intereses de la CGT, especialmente en aspectos como la retención de la cuota sindical, reglas para la negociación colectiva y modificaciones en las cláusulas obligacionales.
En sus diez páginas de resolución, la jueza destacó la importancia de la funcionalidad del Congreso al momento de evaluar la constitucionalidad de los decretos. En este caso, señaló que el Congreso estaba en funcionamiento y que la discusión sobre la ratificación del DNU 70/2023 ya estaba presente en las sesiones extraordinarias. Además, cuestionó la justificación de la necesidad y urgencia de la reforma, argumentando que las normas propuestas no abordaban de manera efectiva los problemas macroeconómicos invocados en el decreto.
Rodríguez Fernández se distanció de emitir juicios de valor sobre la conveniencia o inconveniencia económica o social de la reforma, enfocándose en la falta de cumplimiento de los requisitos constitucionales para la validez del DNU. La decisión de la jueza agrega un capítulo crucial al debate sobre la desregulación económica propuesta por el gobierno de Milei, generando expectativas sobre posibles desarrollos legales y políticos que podrían seguir en las próximas semanas. La resolución, además, destaca la importancia del rol judicial en el control de la constitucionalidad de medidas gubernamentales que impactan directamente en derechos laborales y colectivos.
