Buenos Aires – En medio de un encendido debate sobre la concesión de pensiones por invalidez, el Gobierno denunció la existencia de numerosas irregularidades durante los mandatos kirchneristas, señalando que se habrían otorgado miles de pensiones fraudulentas. Este viernes, Manuel Adorni, exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, puso bajo el reflector un caso particularmente insólito: la presentación de la radiografía de un perro por un médico de Corrientes en 2022 para justificar una pensión.

“Para obtener una pensión por un trastorno de disco lumbar e hipertensión, un médico correntino de dudosa ética profesional adjuntó junto al certificado la radiografía de un perro con una particularidad. ¡Tiene la cola del perrito! Y le otorgaron la pensión”, exclamó Adorni, visiblemente indignado, durante una conferencia de prensa. Adorni sostuvo la radiografía en alto, subrayando la falta de control en el sistema de pensiones por discapacidad: “Lo que suena increíble, porque uno puede confundir cualquier cosa, ¿no? Es la cola del perrito… ¿Qué se pensaban que era? ¿Qué era la cola? Bue… Este era el nivel de descontrol que había en las pensiones por discapacidad”.

La respuesta a estas acusaciones no tardó en llegar. Fernando Galarraga, exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad bajo la gestión de Alberto Fernández, negó rotundamente que el individuo en cuestión hubiera recibido una pensión. Utilizando sus redes sociales, Galarraga afirmó que el expediente fue frenado, denunciado y archivado, y que la persona solicitante de Goya, Corrientes, nunca cobró una pensión durante su administración. “¿A quién quieren engañar y meter el perro? Es evidente: A la gente y lo hacen con MENTIRAS para argumentar la baja de Pensiones No Contributivas que se vienen”, escribió en un hilo en X (anteriormente Twitter). Galarraga proporcionó incluso el número de expediente donde se documentó el caso de la radiografía del perro, pidiendo una rectificación por parte del Gobierno.

A pesar de la controversia en torno a este caso específico, el Gobierno sostiene que existen aproximadamente medio millón de pensiones “truchas”, obtenidas mediante prácticas fraudulentas. La administración actual estima que alrededor de un tercio de las pensiones por invalidez fueron mal otorgadas, lo que representa un desvío de cerca de 1.000 millones de dólares anuales. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, corroboró las denuncias presentando otro ejemplo de fraude. En un pueblo de Chaco, se detectaron 170 pensiones otorgadas con la misma radiografía de una clavícula rota. “Todas con el mismo tamaño de hueso. Usaban la misma radiografía. El gobierno ha sido saqueado. Se lo usó”, denunció Sturzenegger en una entrevista radial.

El Gobierno argumenta que la identificación y eliminación de estas pensiones fraudulentas no solo restaurará la integridad del sistema, sino que también representará un ahorro significativo, estimado en 100.000 millones de pesos mensuales. En 2023, el gasto en pensiones por invalidez alcanzó los 3.400 millones de dólares, equivalentes a más de medio punto del PBI. La administración actual busca reducir este gasto mediante la eliminación de las pensiones otorgadas de manera irregular y la apertura de causas penales contra los responsables.

El escándalo de las pensiones por invalidez ha desatado una fuerte polémica política, con acusaciones cruzadas entre el gobierno actual y la administración anterior, y promete seguir siendo un tema de debate en el escenario político nacional.